La AFIP rechazó una
nota publicada por Clarín sobre una supuesta intención del organismo de
incluir las indemnizaciones en el pago de Ganancias. Indicó que es una
"interpretación con falta de rigor profesional de la técnica legislativa
del impuesto y de los pronunciamientos de la Corte Suprema".
El comunicado emitido por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) señala que la nota publicada ayer en el diario Clarín,
suscripta por el periodista Ismael Bermúdez, en la cual se recopila la
opinión de supuestos especialistas y académicos que plantean una falsa
polémica sugiriendo que “la AFIP quiere que algunas indemnizaciones
paguen el Impuesto a las Ganancias”, implica una interpretación con
falta de rigor profesional de la técnica legislativa del impuesto y del
alcance de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia.
La ley de Impuesto a las Ganancias incluye dentro del ámbito de
aplicación del impuesto a las indemnizaciones, no obstante, en virtud
de una expresa decisión de política tributaria, el artículo 20, inciso
i) de la ley, exime “las indemnizaciones por antigüedad en los casos de
despidos y las que se reciban en forma de capital o renta por causas de
muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad”. En otras
palabras, para el texto normativo del tributo, las indemnizaciones
están gravadas en el Impuesto a las Ganancias con la excepción de las
que se paguen por antigüedad o causas de muerte o incapacidad -por
accidente o enfermedad-, que están expresamente exentas del impuesto.
Ahora bien, y en virtud de los pronunciamientos de nuestro Máximo
Tribunal en las causas "VIZZOTI, CARLOS ALBERTO C/AMSA S.A."; "DE
LORENZO, AMELIA BEATRIZ C/DGI", y; "CUEVAS, LUIS MIGUEL C/AFIP-DGI
S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", la AFIP emitió las Circulares 3 y 4 del
año 2012 a los efectos de receptar el criterio de la Corte Suprema.
Estas circulares fueron producto de un trabajo profesional en el marco
del Consejo Consultivo Impositivo de AFIP, receptando una necesidad
planteada por distintas cámaras empresarias y distintos representantes
sectoriales.
También debe destacarse, a diferencia de lo que señalan los supuestos
especialistas en la nota, que la Procuración del Tesoro de la Nación
tiene dicho -en los dictámenes Nº 53/05 (252:209) y 188/11 (279:75)- que
la Administración Pública debe acoger los lineamientos doctrinarios
establecidos por la Corte Suprema y siempre que se evidencie
acabadamente su aplicación al caso concreto analizado. Esto implica que
los eventuales pronunciamientos más favorables al contribuyente emanados
de tribunales de menor rango no obligan a la AFIP a su acatamiento.
Circulares de la AFIP que recogen los lineamientos de los fallos de la Corte Suprema:
• La Circular Nº 3/12 (AFIP) reproduce lo resuelto en los fallos "DE
LORENZO, AMELIA BEATRIZ C/DGI" (17/06/2009), y "CUEVAS, LUIS
MIGUELC/AFIP-DGI S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" (30/11/2010) [Fallos
333:2193], en los cuales se consideró que los pagos correspondientes a
la indemnización por despido por causa de maternidad o embarazo -normada
en el Artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo- y a la
Indemnización por Estabilidad y Asignación Gremial -prevista en el
artículo 52 de la Ley Nº 23.551- no están alcanzados por el impuesto.
• La Circular 4/12 (AFIP) recepta las conclusiones dadas por la
Dirección Nacional de Impuestos, compartidas por la Dirección General de
Asuntos Jurídicos y la Subsecretaría de Ingresos Públicos del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, respecto de la incidencia
del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recaído en la
causa "VIZZOTI, CARLOS ALBERTO C/AMSA S.A.", del 14/09/2004, sobre los
alcances de la exención prevista en el inciso i) de la Ley del Impuesto a
las Ganancias.
• En este fallo, el Alto Tribunal, se pronunció vedando la reducción de
la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo -mejor remuneración, normal y habitual
percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de
servicios si éste fuera menor- en más de un treinta y tres por ciento
(33%), porcentaje éste que –en forma reiterada y pacífica- ha sido
considerado el límite por encima del cual la incidencia de un gravamen
ha sido considerada inconstitucional.
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