El PRO finalmente cedió en dos cuestiones que trababan las negociaciones. Por un lado, quitó el impuesto a las naftas, que era resistido por el kirchnerismo puesto que el Gobierno nacional le inició juicio al gobernador cordobés José Manuel De la Sota por haber aprobado una iniciativa similar. El PRO resistía por la propia presión de Mauricio Macri, que no quería recibir el subte sin financiamiento y esperaba recaudar 350 millones de pesos aumentando 40 centavos por litro de nafta.
Reclamo al Gobierno nacional
En paralelo al proyecto definitivo del traspaso, el PRO coló otra iniciativa de la diputada Karina Spalla para reclamarle al Gobierno nacional el aval para obtener créditos internacionales para comprar 105 vagones para la línea A.
En paralelo al proyecto definitivo del traspaso, el PRO coló otra iniciativa de la diputada Karina Spalla para reclamarle al Gobierno nacional el aval para obtener créditos internacionales para comprar 105 vagones para la línea A.
Además el proyecto estipula un impuesto a las patentes de los autos de alta gama y una suba en los peajes de la Ciudad.
Para esto la Legislatura ampliará el Programa de Financiamiento en el Mercado Local creado por Ley Nº 4.315, por el que el gobierno porteño ya colocó un bono de 100 millones de dólares para obras viales y otro de 85 millones de dólares que colocó hoy para amortización de deuda. Ambas colocaciones se realizaron en Puente Hermanos, de Federico Tomasevich.
El otro foco de conflicto que tenía el PRO era el gremial. Tanto la oposición como los metrodelegados se oponían con firmeza a que el servicio del subte fuera calificado de "esencial", lo que consideraban una maniobra del PRO para limitar el derecho a huelga.
Para esto la Legislatura ampliará el Programa de Financiamiento en el Mercado Local creado por Ley Nº 4.315, por el que el gobierno porteño ya colocó un bono de 100 millones de dólares para obras viales y otro de 85 millones de dólares que colocó hoy para amortización de deuda. Ambas colocaciones se realizaron en Puente Hermanos, de Federico Tomasevich.
El otro foco de conflicto que tenía el PRO era el gremial. Tanto la oposición como los metrodelegados se oponían con firmeza a que el servicio del subte fuera calificado de "esencial", lo que consideraban una maniobra del PRO para limitar el derecho a huelga.
Luego de una infinidad de idas y vueltas y varias
reuniones con los metrodelegados que estuvieron en la Legislatura
durante todo el día, finalmente el subte será declarado como "servicio
público". De todos modos, en el artículo 20 quedó establecido que "en
caso de conflictos colectivos de trabajo que deriven en huelga del
personal o de cualquier otro tipo de reclamo colectivo que afecte la
prestación del servicio, el prestador deberá brindar servicios mínimos,
los cuales no podrán ser inferiores al sesenta por ciento de los mismos,
cuya modalidad y condiciones será acordado entre las partes".
El mismo artículo estipula que "las organizaciones gremiales o sindicales, deberán comunicar las medidas de protesta a adoptar, con tres días de antelación al evento".
Por otro lado, el PRO consiguió que el servicio sea declarado en emergencia por 2 años con la posibilidad de prorrogar ese período por otro año más. De esta manera, Macri tendrá la facultad de realizar contrataciones directas y fijar las tarifas con una audiencia pública de por medio.
El mismo artículo estipula que "las organizaciones gremiales o sindicales, deberán comunicar las medidas de protesta a adoptar, con tres días de antelación al evento".
Por otro lado, el PRO consiguió que el servicio sea declarado en emergencia por 2 años con la posibilidad de prorrogar ese período por otro año más. De esta manera, Macri tendrá la facultad de realizar contrataciones directas y fijar las tarifas con una audiencia pública de por medio.
Fuente: lapoliticaonline
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