Por un lado, el 8 de agosto, la Cámara de Diputados se apresta a tratar la denominada Ley Conti,
por la que serán direccionados hacia la banca pública nacional los
depósitos judiciales que, desde la década del 60, recibe la tradicional
entidad pública metropolitana. Por otro, los intentos de la gestión
macrista de ceder parte de la
operatoria al sector privado, como ya hizo
con el pago de sueldos de la policía metropolitana
Radios abiertas y la junta de
firmas, preceden el paro y movilización al Congreso de la Nación que se
realizará el 8 de agosto, con el respaldo del Secretariado Nacional y
la Seccional Buenos Aires.