El Poder Ejecutivo Nacional aprobó la reglamentación del Régimen de
Trabajo Agrario, que rige el contrato de trabajo agrario y los derechos y
obligaciones de las partes, a través de sendos decretos publicados hoy
en el Boletín Oficial.
Por Decreto 300/2013 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 25.191, modificada por la Ley Nº 26.727, que se publica como Anexo.
Dispone que se sustituya las denominaciones Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y Sistema Integral de
Prestaciones por Desempleo del texto de la Ley Nº 25.191, por las
denominaciones Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios
(Renatrea) y Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo y Servicio
de Sepelio respectivamente, (artículo 107 de la Ley Nº 26.727).
Se delegan la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y en el
Ministerio de Trabajo la determinación de los plazos y procedimientos
administrativos necesarios para la incorporación del nuevo organismo
dentro de los Subsistemas de Administración Financiera del Sector
Público Nacional.
El Decreto lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y el ministro de Trabajo, Carlos A. Tomada.
En tanto por Decreto 301/2013, también publicado hoy en el Boletín
Oficial, se aprueba la reglamentación de la Ley Nº 26.727 (Régimen de
Trabajo Agrario), que se publica como Anexo.
Aclara que los trabajadores que se desempeñan en tareas de cosecha y/o
empaque de frutas en actividades que a la entrada en vigencia de la Ley
Nº 26.727 estuviesen reguladas por resoluciones de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario (C.N.T.A.), continuarán en el ámbito del Régimen
Estatutario hasta tanto se celebre una Convención Colectiva de Trabajo
que los comprenda y regule sus condiciones de trabajo y salarios.
También las relaciones laborales de los trabajadores que se desempeñen
en las distintas etapas y tareas de la producción de una actividad
agraria cíclica que se desarrolle dentro de un proceso temporal
definido, se regirán por la Ley Nº 26.727, siempre que las primeras
tareas que integran la producción dentro del referido proceso temporal
se enmarquen dentro de sus previsiones y no constituyan proceso
industrial.
En los considerandos explica que es uno de los objetivos de la Ley Nº
26.727 promover la elevación de los estándares de derechos de los
trabajadores agrarios, con independencia de la característica de la
tarea que realicen o la modalidad contractual que revistan, asegurando
una instancia que les permita la mejora de las condiciones laborales así
como la determinación y actualización de sus salarios.
Precisa que los nuevos institutos consagrados mediante la Ley Nº 26.727
implica llevar adelante un proceso de readecuación de la normativa
específica aplicable a cada actividad productiva regional; razón por la
cual, y en el marco del principio constitucional de progresividad, debe
procurarse evitar que por debilidades o falencias de determinados
sectores, se menoscaben los niveles de protección alcanzados a la
entrada en vigencia de dicha ley.
Por tal motivo, dice, a ese fin, corresponde prever los pertinentes
dispositivos transitorios que aseguren, a los trabajadores cuyas
remuneraciones y condiciones de trabajo venían siendo fijadas por el
organismo normativo propio del Régimen de Trabajo Agrario, la
continuidad de esas garantías y la efectiva determinación de las mismas
hasta tanto se celebren Convenciones Colectivas de Trabajo que los
comprendan en sus respectivos ámbitos de aplicación.
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